Brasil

Rousseff prometió castigar a los corruptos

La presidente de Brasil ya separó a tres altos funcionarios de su Gobierno por sobreprecios en al contratación de obras públicas. "Es mi deber combatir la impunidad que ampara a varios políticos, declaró

"Tengo el deber de afirmar que haré todo lo que esté a mi alcance para castigar todos los abusos y los excesos", afirmó Dilma Rousseff en una ceremonia pública en la que asumió el nuevo Procurador General de la República, Roberto Gurgel.

"Brasil es un país de personas de bien, honestas, que viven del esfuerzo de su trabajo y que abominan la ilegalidad", aseguró la jefa de Estado, quien también consideró como un "deber" el combate a la impunidad que ampara a muchos de los acusados de corrupción.

La mandataria atraviesa el momento político más delicado desde que asumió al frente de la presidencia de Brasil, el último 1º de enero. Durante su Gobierno debió separar de sus cargos a tres ministros y a un viceministro. Todos vinculados con casos de corrupción.

El primero que debió dejar su puesto fue Antonio Palocci. El entonces ministro coordinador renunció tres semanas después de que el diario Folha de Sao Paulo revelara que su patrimonio se multiplicó por 20 entre 2006 y comienzos de este año. El ex funcionario lulista admitió que las cifras barajadas por la prensa "se aproximan" a su realidad financiera, pero negó haber superado los límites de la ética, a pesar de que actuó como consultor al mismo tiempo que era diputado durante los últimos meses de 2010, cuando coordinó la campaña electoral de Rousseff.

Otras de las bajas que sufrió la presidente fue la del ministro de Transporte, Alfredo Nascimento, involucrado en fraudes en licitaciones públicas. La crisis  en esa cartera obligó a la dimisión de 17 funcionarios en las áreas de operaciones, administración y análisis técnico.

Los escándalos de corrupción alcanzaron su punto más alto cuando la Policía Federal detuvo a 36 personas, entre ellos, altos funcionarios del ministerio de Turismo, acusados de ilícitos.

Por esta razón, el ministro del área, Pedro Novais, se presentará ante el Congreso, donde la oposición anticipó que lo indagará sobre las pruebas de corrupción contra su cartera. Este funcionario también está en la mira. La revista Epoca, que lo vincula a la concesión fraudulenta de una obra de 55 millones de reales (37 millones dólares) en el estado de Goias, centro del país, que contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El último de los apartados es el ministro de Agricultura, Wagner Rossi, a quien se lo acusa de recibir un soborno de cerca de 2 millones de reales (1,3 millones dólares). Además, el diario Folha de Sao Paulo informó que Rossi habría autorizado el pago de 6,5 millones de reales (4,3 millones de dólares) a Commerce Granos Limitada, que sería una empresa "de fachada", instituida para estafar al Estado.

Hace una semana debió renunciar a su cargo el viceministro de Rossi, también por este episodio. El área está en manos del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenece el vicepresidente Michel Temer.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, principal fuerza opositora, anunció que respalda la formación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre la Corrupción, que indagaría a los ministerios de Turismo, Agricultura y Transportes, cuyo titular cayó hace un mes por supuesto cobro de sobornos a empresas constructoras.